El compliance corporativo en Chile ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica. Con la promulgación de la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y Ambientales, las empresas chilenas enfrentan un nuevo paradigma de responsabilidad penal que obliga a repensar sus estructuras internas de control y gobernanza. A continuación, un panorama completo sobre el ecosistema de empresas de compliance en Chile, la regulación vigente y cómo proteger a tu organización.
¿Qué es el Compliance Corporativo?
El compliance —o cumplimiento normativo— es el conjunto de procesos, políticas y controles internos que una organización implementa para asegurarse de que su operación se ajusta a las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables. En el contexto chileno, esto implica principalmente la prevención de delitos económicos como el lavado de activos, la corrupción, el cohecho, el fraude y los delitos medioambientales.
Durante años, el compliance fue visto como una práctica reservada para grandes corporaciones multinacionales. Hoy, sin embargo, la legislación chilena exige que empresas de todos los tamaños —privadas, públicas, universidades estatales y partidos políticos— adopten modelos formales de prevención de delitos, conocidos como MPD (Modelos de Prevención de Delitos).
El Marco Legal: Ley 20.393 y Ley 21.595
El ecosistema legal del compliance en Chile se sostiene sobre dos pilares fundamentales.
Ley 20.393: El Punto de Partida
La Ley N° 20.393, vigente desde 2009, estableció por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile. Esta norma señalaba que una empresa podía ser sancionada penalmente si uno de sus empleados cometía ciertos delitos —inicialmente solo 20— en su beneficio o favorecida por la falta de controles internos. La ley creó el incentivo para que las empresas desarrollaran sus primeros Modelos de Prevención de Delitos y se abrió la posibilidad de certificarlos ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Ley 21.595: La Gran Transformación
En agosto de 2023 entró en vigor la Ley N° 21.595 de Delitos Económicos y Ambientales, que transformó radicalmente el panorama. Esta normativa amplió el catálogo de delitos por los que responden las personas jurídicas de 20 a más de 237 ilícitos, clasificados en cuatro categorías según su gravedad. El alcance ya no solo cubre actos de empleados directos, sino también los cometidos por terceros que gestionen negocios en nombre de la empresa, con o sin facultades formales de representación.
Las sanciones contempladas son severas: multas millonarias, suspensión de actividades, pérdida de beneficios fiscales e incluso penas de cárcel para ejecutivos responsables. A junio de 2024 ya se registraban 29 causas terminadas y 35 con investigación formalizada, de las cuales 17 estaban relacionadas con corrupción.
Un cambio clave introducido por la Ley 21.595 es que ya no basta con tener un MPD escrito: las empresas deben demostrar su implementación efectiva y someterse a evaluaciones periódicas por parte de terceros independientes. Esto impulsó enormemente la demanda de empresas especializadas en compliance.
Principales Empresas de Compliance en Chile
El crecimiento regulatorio ha dado vida a un dinámico sector de firmas especializadas. Estas son algunas de las más destacadas:
BH Compliance
Una de las firmas pioneras en Chile, BH Compliance ofrece servicios de diseño e implementación de Modelos de Prevención de Delitos, gestión de riesgos y programas de capacitación corporativa. Su CEO, Susana Sierra, ha sido una voz activa en el debate público sobre la Ley 21.595, señalando que los delitos cometidos en filiales ahora pueden “escalar” y hacer directamente responsable a la sociedad matriz. Esto obliga a las empresas a asegurar la implementación del compliance en todos los niveles organizacionales, incluyendo subsidiarias.
BusinessCompliance
Especializada en la implementación de la Ley 21.595, BusinessCompliance trabaja con organizaciones privadas y públicas para diseñar MPD ajustados a las necesidades específicas de cada sector. Hace énfasis en los sectores de mayor riesgo: minería, energía, construcción, servicios financieros y comercio minorista, que por la naturaleza de sus operaciones tienen mayor exposición a delitos económicos y ambientales.
ALL Compliance
ALL Compliance combina experiencia jurídica con herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo inteligencia artificial y análisis predictivo para la gestión de riesgos legales complejos. Se especializa en compliance penal, delitos medioambientales, prevención del terrorismo, corrupción y delitos de funcionarios públicos. También asesora a entidades del sector público en la implementación de modelos orientados a prevenir malversación y cohecho.
iCompliance
Esta firma enfoca su propuesta de valor en la simplificación del compliance para directorios y gerentes. Su servicio incluye la implementación y proceso de certificación del MPD conforme a la Ley 20.393, así como asesoría en el cumplimiento de las obligaciones ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo bajo la Ley N° 19.913.
Andes Compliance
Enfocada en AML/CFT (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism), Andes Compliance asesora principalmente a empresas sujetas obligadas por la UAF bajo las Leyes 19.913 y 18.314. Ofrece programas de cumplimiento para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, adaptando las normativas de delitos económicos a cada tipo de organización.
Grandes Consultoras Internacionales: Deloitte y KPMG
Las grandes firmas de auditoría y consultoría también ofrecen servicios de compliance en Chile. Deloitte incorpora la norma internacional ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno como marco de referencia para ayudar a organizaciones a construir una cultura de integridad, transparencia y cumplimiento. KPMG, por su parte, ofrece un servicio integral orientado a la Ley 21.595, que incluye diseño de modelos de prevención, sistemas de gestión de riesgos y protocolos para identificar actividades con riesgo de conducta delictiva.
¿Qué Incluye un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)?
Un MPD efectivo no es simplemente un manual impreso. Según las mejores prácticas del sector y las exigencias legales vigentes, debe contemplar:
- Identificación y evaluación de riesgos penales: análisis de los delitos más probables según el rubro y la estructura de la empresa
- Políticas y procedimientos internos: protocolos claros para prevenir conductas ilícitas en todas las áreas
- Canales de denuncia confidenciales: mecanismos para que empleados y terceros reporten irregularidades sin represalias
- Programa de capacitación continua: formación para todos los niveles jerárquicos en materias de ética, delitos económicos y cumplimiento normativo
- Encargado de Prevención de Delitos (EPD): un responsable designado que supervise la operación del modelo
- Evaluaciones periódicas por terceros independientes: auditorías externas que verifiquen la efectividad real del MPD
- Extensión a terceros y proveedores: inclusión de cláusulas de cumplimiento en contratos con subcontratistas, distribuidores y representantes
Desafíos del Compliance en la Práctica
A un año de la plena implementación de la Ley 21.595, el sector ha aprendido valiosas lecciones. El principal desafío no es diseñar un modelo, sino hacerlo vivir dentro de la organización. Muchas empresas cayeron en la trampa de crear un “compliance de papel”: documentos formales que no se traducen en cambios culturales ni en conductas reales.
Los expertos de firmas como PwC Chile y Mazars coinciden en que la clave está en evaluar los delitos más probables según la industria y en realizar evaluaciones periódicas por terceros independientes que permitan detectar brechas y mejorar continuamente. La nueva ley convierte a las empresas certificadoras registradas en la CMF en evaluadoras independientes de programas de compliance, un rol mucho más exigente que la simple certificación de documentos.
Otro desafío importante es la extensión del compliance a la cadena de valor. La Ley 21.595 obliga a gestionar los riesgos de terceros que actúan a nombre de la empresa, lo que requiere revisar todos los contratos vigentes e incorporar cláusulas de cumplimiento normativo. Según el abogado Rodrigo Aldoney de Carey, si una empresa delega responsabilidades en otra compañía, no se exime de los delitos que puedan cometerse en ese contexto.
¿Por Qué Invertir en Compliance Hoy?
Más allá del cumplimiento legal, el compliance se ha convertido en un factor estratégico de competitividad. Las empresas con programas sólidos de prevención de delitos tienen mayores posibilidades de acceder a licitaciones públicas, atraer inversión extranjera y mantener relaciones comerciales con grandes corporaciones internacionales que exigen estándares éticos a sus proveedores.
Un modelo de prevención efectivo permite:
- Reducir la exposición a riesgos legales y financieros
- Proteger la reputación corporativa ante clientes, inversionistas y la comunidad
- Asegurar la continuidad operativa frente a investigaciones penales
- Fomentar una cultura ética que reduce la rotación de personal y mejora el clima organizacional
- Eximir a la empresa de responsabilidad penal cuando los controles hayan fallado a pesar de su correcta implementación
Sectores con Mayor Exposición a Delitos Económicos
No todos los sectores enfrentan el mismo nivel de riesgo. Según BusinessCompliance y KPMG, los sectores con mayor exposición incluyen:
- Minería y recursos naturales: por la interacción con reguladores y comunidades locales
- Construcción e infraestructura: por el uso intensivo de subcontratistas y licitaciones públicas
- Servicios financieros y fintech: por la exposición al lavado de activos y fraudes
- Energía y medioambiente: por la regulación ambiental y los riesgos de delitos ecológicos
- Comercio internacional y logística: por la exposición al tráfico ilícito de mercancías y evasión aduanera
El Compliance como Inversión Estratégica
El ecosistema de empresas de compliance en Chile ha madurado rápidamente impulsado por la Ley 21.595. Hoy existe una oferta robusta de firmas especializadas —desde consultoras boutique como iCompliance, Andes Compliance o ALL Compliance, hasta las grandes internacionales como Deloitte y KPMG— capaces de acompañar a organizaciones de cualquier tamaño en la implementación de modelos de prevención efectivos.
La pregunta ya no es si una empresa necesita compliance, sino cuán robusto debe ser su programa según su tamaño, sector y nivel de exposición a riesgos penales. En un entorno donde los delitos cometidos por terceros pueden generar responsabilidad directa para la empresa contratante, el compliance ha pasado de ser un gasto a ser una inversión que protege el patrimonio, la reputación y la continuidad del negocio.