En Chile, la responsabilidad penal de la empresa ya no es solo un tema jurídico para abogados, sino una realidad práctica que afecta directamente a gerentes y directivos. La combinación de la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas y la Ley 21.595 de Delitos Económicos ha puesto el foco en la forma en que se dirigen las compañías: lo que antes se percibía como un “riesgo solo de la empresa” hoy se convierte también en exposición personal para quienes toman decisiones.
Este artículo es una guía práctica para gerentes que quieren entender qué significa, en la vida real, la responsabilidad penal de la empresa y qué pueden hacer para protegerse a sí mismos, a sus equipos y al negocio.
Qué es la responsabilidad penal de la empresa en Chile
La responsabilidad penal de la empresa se refiere a la posibilidad de que una persona jurídica (la sociedad, la empresa) sea condenada penalmente por delitos cometidos en el marco de su actividad. En Chile, este régimen se rige principalmente por la Ley 20.393, que sufre modificaciones recientes ligadas a la Ley 21.595 sobre Delitos Económicos y Medioambientales.
Puntos clave:
- La empresa puede ser condenada cuando se comete un delito grave (por ejemplo, cohecho, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, negociación incompatible, etc.) dentro de su estructura o con el uso de sus recursos.
- La condición para que la empresa responda es que el delito se haya cometido “en el marco de la actividad de la empresa” y con la intervención de directivos, empleados o personas que actúen por cuenta de la compañía.
- La Ley 20.393 permite eximir de responsabilidad (o reducirla) si la empresa demuestra que contaba con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) efectivo y lo aplicaba en la práctica.
Para un gerente, esto significa que la empresa no es un “caparazón” invisible: las decisiones que se toman a su nombre pueden generar sanciones penales a la organización y, en muchos casos, también a él o ella como persona natural.
Cuándo y cómo puede ser alcanzado un gerente
Aunque el texto de la Ley 20.393 habla de responsabilidad de la persona jurídica, la práctica y la jurisprudencia muestran que gerentes y directivos suelen aparecer en la misma investigación.
Escenarios típicos:
- Autores o cómplices de delitos económicos: cuando el gerente participa directamente en actos como cohecho, fraude tributario, apropiación indebida, uso indebido de información privilegiada o lavado de activos.
- Por omisión o negligencia: cuando un gerente sabe o debió saber que existía un riesgo penal (por ejemplo, fraude recurrente, deficiencias en controles, irregularidades laborales graves) y no toma medidas razonables para evitarlas.
- En el ámbito laboral y previsional: tribunales han establecido que el gerente general puede ser responsable solidario por no pago de cotizaciones previsionales, vulneración de derechos fundamentales de trabajadores o accidentes laborales por falta de medidas de seguridad.
En estos casos, el gerente no se escuda en la “personalidad jurídica” de la empresa: puede enfrentar penas de prisión, multas en UTM, inhabilitación para ejercer cargos en empresas y, en algunos supuestos, la pérdida de derechos para contratar con el Estado.
Deberes clave del gerente según la Ley 21.595 y la Ley 20.393
La regulación actual exige que los gerentes cumplan con ciertos deberes de diligencia y supervisión, que no están necesariamente definidos en un artículo puntual, pero que se desprende de la lógica del sistema.
Entre los deberes más relevantes para un gerente práctico figuran:
- Deber de control interno: implementar sistemas de control (controles financieros, aprobaciones, auditorías internas, políticas de compras, manejo de información sensible) que hagan razonablemente difícil cometer delitos económicos.
- Deber de información: informar al directorio u órganos de administración sobre situaciones de riesgo penal, como irregularidades detectadas, denuncias, auditorías que señalan fallas serias o operaciones sospechosas.
- Deber de denuncia: cuando el gerente tiene conocimiento claro de un delito que se ha cometido dentro de la empresa, su obligación no es solo “corregirlo internamente”, sino también considerar la denuncia a las autoridades competentes, especialmente si implica delitos graves como cohecho o lavado de activos.
En la práctica, estos deberes se concretan en: políticas claras, organigramas con responsabilidades definidas, manuales de procedimientos, canales de denuncia y reuniones periódicas de gobierno corporativo donde se discuten riesgos.
Modelo de Prevención de Delitos (MPD): cómo leerlo como gerente
El Modelo de Prevención de Delitos (MPD) no es solo un documento para presentar al Ministerio Público; es un manual de “cómo operar bien” para evitar delitos. Como gerente, conviene preguntarse:
- ¿Quién es el Oficial de Cumplimiento de la empresa y tiene autonomía real?
- ¿Existe un canal de denuncias accesible y con protección al denunciante?
- ¿Hay políticas claras sobre regalos y hospitalidad, compras, conflictos de interés, uso de información privilegiada, manejo de recursos públicos o contratos con el Estado?
Un MPD bien diseñado:
- Identifica los delitos graves aplicables a la empresa (cohecho, lavado, fraude tributario, delitos económicos por la Ley 21.595, etc.).
- Asigna controles específicos a cada proceso de riesgo (por ejemplo, revisión de proveedores, aprobación de altos contratos, auditorías de áreas sensibles).
- Establece disciplina y consecuencias internas para quienes incumplen, lo que ayuda a generar una cultura de respeto a la norma.
Como gerente, tu responsabilidad no es escribir el MPD, sino asegurarte de que se aplique, que se revise periódicamente y que se informe al directorio sobre su funcionamiento y sus limitaciones.
5 pasos prácticos para gerentes para reducir riesgo penal
Para que esta guía sea útil en el día a día, aquí van cinco acciones concretas que un gerente puede tomar hoy mismo.
1. Conocer y entender los delitos que afectan a la empresa
No es necesario memorizar el Código Penal, pero sí identificar los delitos que más razonablemente pueden afectar a tu industria: cohecho, lavado de activos, apropiación indebida, fraude tributario, delitos laborales graves, delitos económicos por la Ley 21.595, etc. Hablar con abogados penales y de compliance sobre “qué le puede pasar a la empresa” es un paso básico de gestión de riesgo.
2. Revisar y reforzar los controles clave
Hacer foco en áreas de alto riesgo:
- Finanzas y tesorería (movimientos grandes, cuentas de terceros, pagos en efectivo.).
- Compras y contratación (contratos, adjudicaciones, proveedores).
- Contratación con el Estado o uso de beneficios fiscales.
- Gestión de personas (cotizaciones, pagos, seguridad laboral, respeto de derechos fundamentales).
Si un proceso carece de aprobaciones, conciliaciones, auditorías o controles automáticos, el gerente debe exigir su mejora.
3. Promover una cultura de denuncia y protección al denunciante
Que haya un canal de denuncia no sirve de nada si el personal teme represalias. Como gerente, puedes:
- Hablar abiertamente de la existencia del canal en reuniones.
- Garantizar que las denuncias se traten con seriedad, con investigación interna y, en su caso, medidas correctivas.
- Evitar cualquier señal de que “criticar procesos” es mal visto, porque eso destruye el valor del sistema de prevención.
4. Documentar decisiones y reuniones de riesgo
Cuando participas en una reunión donde se discuten operaciones sensibles, decisiones que implican riesgo fiscal, ambiental o laboral, es clave que exista un acta que refleje:
- Qué se discutió.
- Qué advertencias legales recibiste.
- Qué medidas se acordaron (refuerzo de controles, auditorías, asesoría externa, cambios en procedimientos).
Esto sirve como evidencia de que hiciste un esfuerzo razonable de supervisión y diligencia, algo que puede ser relevante en un proceso penal.
5. No ignorar señales de riesgo
Si detectas indicios de fraude, evasión fiscal, mala gestión de previsiones, acoso laboral reiterado, o irregularidades ambientales, no puedes hacer “oídos sordos” bajo el argumento de “cumplir metas”. Ante situaciones graves, el gerente debe:
- Ordenar una investigación interna.
- Informar al directorio sobre los hallazgos.
- Considerar la denuncia a las autoridades, en coordinación con el Oficial de Cumplimiento y el área legal.
Cuando el gerente debe buscar ayuda externa
No todos los gerentes son expertos en derecho penal, y eso no es un error. Lo que sí puede ser riesgoso es intentar resolver solo situaciones complejas.
Caso típico:
- Se detecta un posible caso de cohecho en una licitación, o de fraude fiscal, o de lavado de activos.
- El gerente siente presión para “ajustarlo internamente” para no dañar la reputación, pero la ley exige medidas mucho más serias.
En estos escenarios, la mejor decisión es:
- Conversar inmediatamente con un abogado penalista y con el área de compliance.
- Evaluar si corresponde iniciar un procedimiento interno disciplinario, corregir la conducta e, incluso, cooperar con el Ministerio Público para demostrar buena fe y colaboración.
Cooperar con la justicia, cuando se hace de forma informada y planificada, puede ser un elemento a favor de la empresa y del gerente, incluso en términos de atenuación de sanciones.
El gerente como guardián de la integridad
La responsabilidad penal de la empresa ya no es un tema abstracto: determina cómo se toman decisiones, cómo se diseñan controles y cómo se construye la cultura interna. Para el gerente moderno en Chile, parte de su trabajo implica ser “guardián” de la integridad empresarial: no solo preocuparse por números y resultados, sino también por que el camino para alcanzarlos sea lícito y digno de defensa ante un juez.
En este contexto, invertir en un buen sistema de compliance, entender el rol del MPD y asumir los deberes de control y denuncia no es solo una medida de seguridad jurídica, sino una herramienta de gestión que protege a la empresa, a los trabajadores y, por supuesto, al propio gerente.